- Todos presionan. Los docentes, los desocupados, los petroleros, los de la construcción, las empresas de servicios, etc. Cada uno lleva sus problemas a las rutas y la población se ve impedida de circular y transitar libremente. A todo esto ahora se suma un nuevo grupo de presión: una empresa petrolera. Específicamente es el caso YPF, que comete otro delito, tan grave como los que cortan rutas; solo que a éstos últimos les cabe el castigo (50 procesados, desalojos, represión), en tanto para la petrolera no hay castigo. Al contrario, algún intendente se trasforma en su vocero y transforma la disculpa en explicación.
Solo en un país donde la anarquía y la complicidad se funden para subvertir el orden y las normas establecidas, puede suceder que una empresa privada, petrolera, que por el producto que distribuye (combustibles) y la zona a la que abastece (Patagonia sur) debe considerarse de absoluto interés público, puede llevar adelante un desabastecimiento inducido con fines políticos o económicos sin que por ello reciba ningún castigo.
Ya sabemos (y lo hemos expresado con la debida antelación) que YPF ha producido un boicot en la línea sur, para lograr que el estado nacional liberara el precio de los combustibles cuyo aumento estaba impedido por ley; y lo consiguió. Ahora, en medio del conflicto docente, advertimos hace unos días, que YPF estaba produciendo el auto-desabastecimiento “presionando para que levantaran los cortes” y hoy la noticia recorre todas las redacciones.
En un año YPF aumentó el 40% sus productos y en estos días subió el 4% las naftas, sin que el gobierno nacional abra la boca y sin pretensión de hacerlo en el futuro. En todos los casos esos logros fueron bajo presión.
Argentina es el único país donde una empresa, amiga del gobierno, pone en vilo a medio territorio argentino, cuya población depende de la energía, los combustibles y el abastecimiento por rutas, tres nichos que las malas políticas del país, han creado para hacer cautivos a los argentinos de estos oligopolios (cuando no monopolios disfrazados) que amasan fortunas a costa de los padeceres y el bolsillo de los contribuyentes.
Ahora, YPF no solo presiona por los aumentos, sino que extorsiona, desabasteciendo a Santa Cruz, utilizando en este caso – ante el evidente escándalo que se armó, cuando se conoció la noticia – al Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, quien alimentando la pelea política que mantiene con el Gobernador Peralta, salió por los medios “amigos” reproduciendo una supuesta “intermediación” ante las autoridades de la empresa y asegurando que YPF jamás quiso desabastecer zona norte como castigo por los piquetes, sino que se trata de una regulación del stock entre Comodoro y Santa Cruz (¿?).
La pregunta lógica es ¿Qué hace Cotillo intermediando con Esquenazi por el combustible de Santa Cruz? ¿No está el gobernador para eso? ¿No existe una línea natural de las máximas autoridades, llámese gobierno de la provincia y/o Ministerio de Planificación, para que se ocupe de un hecho tan grave como es llamar a la reflexión a una empresa privada que produce un boicot? ¿No existe la comisión de un delito por parte de YPF, que merezca la radicación de una denuncia por parte de algún Fiscal de Estado?.
Llamativamente es un Intendente que en este último tiempo se arroga el ejercicio de “intermediario”, también en el tema del desabastecimiento de los combustibles. Recordemos que ya intentó recrear esa misma figura la semana pasada con los padres, generando un aumento del malestar en vez de soluciones y solo le sirvió para que su nombre aparezca resaltado en los títulos de medios afines y mencionado varias veces en las radios locales, pero sin ningún efecto práctico, objetivamente hablando. Si realmente Cotillo quiere hacer algo popular, efectivo y ejemplificador, que acuda a la Justicia e interponga una denuncia penal sobre YPF por desabastecer premeditadamente a la provincia y no actúe como exégeta de la operadora o su vocero encubierto. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
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